Con el anuncio en julio pasado de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre la solicitud de consultas para la solución de controversias al amparo del capítulo 31 del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), se formalizó un procedimiento plenamente reconocido en instrumentos de su naturaleza para dar cauce a la insatisfacción de alguna – o todas – las partes miembros de un Tratado.
Dicho procedimiento consta de un mecanismo detallado de las acciones que tendrán que seguir a la solicitud de consultas, misma que cuenta con máximo 75 días para alcanzar un acuerdo. Si este proceso no permite llegar a una solución, se podrá solicitar la coordinación de un panel de resolución de controversias en el que una vez definidos los integrantes, se tendrá un plazo de 150 días para emitir un reporte inicial y después 30 días para presentar el reporte final, dependiendo del cual los países acordarán una solución definitiva a la controversia.
Y si bien la ruta del proceso en el papel puede resultar muy clara, no existe total certidumbre de la reacción que el gobierno mexicano pueda adoptar tan pronto el proceso avance y las consecuencias que dichas reacciones pudieran traer no solo a los negocios, sino a la sociedad mexicana en general. Sin embargo, existen tres grandes dimensiones a valorar en la construcción de escenarios y que deben ser tomados en cuenta por las organizaciones para anticipar las acciones del gobierno mexicano.
Ideología
En primer lugar, debemos de considerar la materia que ha originado las controversias: la energética.
Para nadie es un secreto que la visión ideológica de la energía es un pilar central del proyecto de nación de la autodenominada cuarta transformación. Además de su ambición por situarse entre los grandes nacionalistas de la historia mexicana como Lázaro Cárdenas o Adolfo López Mateos – a quien continuamente cita en sus conferencias matutinas – el foco en el sector energético le ha permitido controlar diversos proyectos insignia para su administración al mismo tiempo de contar con una plataforma de comunicación con la que llega a su base tocando su vida cotidiana.
El alto costo de flexibilizar una de las posturas ideológicas más firmes que ha tenido en su gobierno sería muy compleja de imaginar, – aunque tampoco imposible – lo que hace más difícil prever algún escenario en que el gobierno mexicano abandone la defensa de esta temática en los términos que ha venido construyendo.
Política
En segunda instancia no podemos dejar de lado la politización del tema, más allá de un asunto evidentemente técnico, una vez involucradas aristas ideológicas como la antes planteada, la politización no solo del debate, sino de las posibles alternativas de solución se vuelven en una realidad cada vez más cercana.
Basta observar señales preocupantes como el anuncio de contestación que realizará el mandatario mexicano sobre el tema en el marco del desfile militar del 16 de septiembre. Se anticipa que este y otros simbolismos sean aprovechados por el Presidente para enarbolar su máxima de que “la mejor política externa es la interna” y capitalizar una ola de nacionalismo en números favorables para los siguientes procesos electorales.
Con elecciones locales en 2023 y una galopante carrera por la sucesión presidencial, una bandera de defensa de la soberanía nacional encontraría sin duda resonancia nacional en múltiples rincones del país, y el Presidente lo sabe. Ello sin mencionar el propio proceso interno en Estados Unidos que puede complicar el panorama para el Presidente Biden.
Pragmatismo
Si bien no han sido pocas las ocasiones que el presidente López Obrador, ha tenido que recurrir al pragmatismo, veremos si logran pesar con mayor fuerza las consecuencias reales y de largo alcance que las dos dimensiones anteriores.
En un Estado de derecho vulnerable, instrumentos como el T-MEC permanece como una de las últimas figuras que ofrece certidumbre a los inversionistas, sin mencionar el costo de oportunidad al estar en el umbral irrepetible de unas condiciones geopolíticas que podrían potencializar el nearshoring y el acceso a un mayor avance económico.
Una postura pragmática estaría más que justificada tan solo con observar el valor de la relación bilateral con Estados Unidos, las diferentes aristas que esta relación toca además de la comercial y las múltiples ventajas que una mejor economía puede redituar en el terreno político e incluso en el ideológico.
En resumen, seguramente la postura final del gobierno mexicano será una mezcla de las dimensiones antes descritas, ponderando aquella que se considere ofrezca mayores beneficios para la población mexicana y su futuro, un futuro que esperamos se vislumbre más allá del 2024.
Por: Marilyn Márquez, directora de Asuntos Públicos
