Han pasado 10 años del inicio de la más reciente y profunda crisis financiera y económica mundial, detonada con la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers en los Estados Unidos. La gestación de esta crisis se dio durante el ciclo de baja de las tasas de interés americanas, que fue apoyado por la Reserva Federal después de los ataques aéreos a las Torres Gemelas en Nueva York en 2001, y aprovechado por los bancos hipotecarios de ese país, para otorgar en forma masiva préstamos para casas habitación, principalmente a clientes con débil calidad crediticia o “subprime”.
Además, la excesiva originación de créditos hipotecarios en EEUU se dio bajo un marco regulatorio y de supervisión muy laxos, que permitieron que la “burbuja hipotecaria” fuera también exportada a otros bancos internacionales, a través de nuevos y sofisticados instrumentos financieros (Bursatilización de hipotecas, CDOs, etc.).
A partir de 2005, con la finalización del ciclo de baja de las tasas de interés americanas, miles de créditos hipotecarios comenzaron a dejar de pagarse, convirtiéndose en enormes carteras vencidas y repercutiendo en cuantiosas pérdidas de capital para los bancos originadores. A partir de 2008, bancos americanos y europeos tuvieron que ser rescatados de una quiebra por sus gobiernos y sus bancos centrales.
Durante los casi 10 años de recuperación de esta gran crisis, las Autoridades Reguladoras Americanas y Europeas aprovecharon este lapso para crear y aplicar estrictas medidas de regulación y supervisión financiera, destacando la Ley Dodd Frank con la creación de un Organismo Supervisor para Agencias Calificadoras, regulación para mercados de derivados “over the counter”, para asesores de fondos privados y para bursatilización de activos. En Diciembre de 2015 el Comité de Basilea emitió una Guía para fortalecer las mejores prácticas en el control y medición del Riesgo Crédito para las Instituciones Bancarias, incorporando el concepto de “Pérdidas Crediticias Estimadas” (PCE).
Al mismo tiempo, la profesión contable a nivel internacional a través de sus organismos independientes internacionales (IASB y FASB), se dedicó a trabajar en aplicar las nuevas disposiciones de regulación a través de nuevas Normas Contables para Instrumentos Financieros (IFRS 9). Estas normas ya son aplicadas en México por empresas industriales, comerciales y de servicios que cotizan en Bolsa a partir de 2018. Por su parte, los bancos mexicanos que se rigen bajo la Normativa de la CNBV estarán sujetos a las nuevas normas contables para instrumentos financieros, muy probablemente hasta el año 2020, aunque se han venido aplicando avances graduales en las mismas, y además los que consolidan con matrices internacionales ya los aplican en su totalidad. Por lo anterior, es probable que este tipo de entidades, no tendrán un efecto relevante en sus resultados o en su capital por la aplicación de la IFRS 9.
Uno de los mayores impactos de estas nuevas normas contables proviene de la creación de reservas para pérdidas crediticias estimadas (PCE), tanto para sus inversiones en instrumentos financieros, como para su portafolio crediticio. La diferencia con las normas anteriores, es que antes solo los bancos constituían reservas para pérdidas crediticias cuando ya algún crédito estaba vencido. Ahora, las áreas de riesgo de crédito deben estimar las pérdidas crediticias, con base en la probabilidad de incumplimiento y la posible recuperación de los créditos vencidos, para todo la vida de sus portafolios de inversión y cartera crediticia. Esto repercutirá al principio en disminución de utilidades, por el reconocimiento de las nuevas reservas crediticias en los resultados de los bancos. Sin embargo, la intención de esta normas contables es que los bancos cuenten anticipadamente con reservas suficientes para absorber pérdidas potenciales en caso de deterioro de su calidad crediticia.
En el caso de Entidades Corporativas se espera un menor impacto por la IFRS 9, ya que la mayoría tienen instrumentos de inversión de corto plazo y buena calidad crediticia. En forma paralela se requieren nuevas inversiones de capital enfocadas al robustecimiento de los sistemas informáticos y nuevos procesos.
Por: Dra. Araceli Espinosa Elguea. Profesora e Investigadora ITAM
